Sistema de Indicadores ASEP
Si el mes pasado se detectó una mejora significativa de la imagen del Gobierno y de todos los indicadores relacionados con el Gobierno y el PSOE, al mismo tiempo que empeoraban drásticamente los indicadores económicos, este mes los dos conjuntos de indicadores vuelven a evolucionar al unísono, con cierta coherencia. El empeoramiento de los indicadores políticos en realidad es una vuelta a las tendencias que se venían observando, y lo anómalo fue precisamente el repunte del mes pasado, atribuible a las promesas electorales de subvenciones hechas por el Gobierno, pero este mes han pesado más los malos datos económicos y posiblemente algunas cuestiones políticas. Sean cuales sean las razones, lo cierto es que el Sentimiento del Consumidor y la Evaluación de la Situación Económica Nacional se sitúan 17 y 30 puntos respectivamente por debajo del nivel de equilibrio, siendo el segundo peor y el peor resultado respectivamente de los doce últimos meses (y de los peores desde las pasadas elecciones de 2004). Estos dos indicadores han perdido 13 y 19 puntos respectivamente desde julio. De los dos indicadores sobre ahorro, la propensión al ahorro disminuye tres puntos respecto a noviembre, reflejando ya de manera fehaciente las dificultades de gran parte de la sociedad para afrontar el incremento en el coste de la vida, que está llevando a muchos españoles a gastar sus ahorros e incluso a endeudarse. La proporción de ahorradores, sin embargo, aumenta un punto, lo que indica prácticamente una proporción igual que en noviembre. El Optimismo Personal sin embargo gana seis puntos, aunque todavía continúa por debajo del nivel de equilibrio, como ha estado durante los últimos doce meses con la excepción de los meses de julio y septiembre de este año. Así pues, los tres indicadores derivados del Sentimiento del Consumidor siguen este mes por debajo del nivel de equilibrio, siendo la Evaluación de la Situación Económica de España el indicador más negativo de los tres, y el Índice de Optimismo el menos negativo, como siempre. La Satisfacción con la Calidad de Vida continúa en niveles muy altos y los demás indicadores sociales continúan en sus niveles de noviembre. En cuanto a los indicadores políticos, disminuye once puntos la Satisfacción con el funcionamiento de la Democracia respecto al mes pasado, alcanzando su nivel más bajo de los últimos doce meses, y la Satisfacción con el Gobierno de la Nación pierde nada menos que quince puntos desde noviembre, situándose por tanto en el segundo valor más bajo de los últimos doce meses y uno de los peores desde las elecciones de 2004. Además, la alienación política aumenta tres puntos, el centro de gravedad ideológico se mantiene entre el centro y el centro izquierda, disminuye levemente la Satisfacción con la pertenencia de España a la Unión Europea y aumenta 8 puntos la Exposición a la Información, que se sitúa exactamente en el nivel de equilibrio. En lo que respecta a la imagen de instituciones, el ranking de este mes es el siguiente: los médicos (6,8 puntos en una escala de 0 a 10 puntos), La Corona (6,1 puntos), las Fuerzas Armadas y los militares (5,6 cada uno), los diplomáticos y los funcionarios (5,0 puntos cada uno), los jueces (4,8), el Gobierno de España (4,6), y los Bancos (4,3 en la escala de 0 a 10 puntos). Debe resaltarse que este mes disminuye significativamente la valoración de todas las instituciones por las que se ha preguntado, sin excepción, siendo el Gobierno de la Nación la institución que más pierde, ocho décimas, obteniendo su segundo peor resultado de los últimos doce meses. En el ranking de personajes públicos Felipe González (5,7) obtiene la mejor calificación, seguido del Juez del 11-M (4,9), Rodríguez Zapatero (4,7), Alfredo Pérez Rubalcaba (4,0), José Montilla (3,8), Rosa Díez (3,7), Gaspar Llamazares (3,6), Esperanza Aguirre (3,4), Mariano Rajoy (3,3), Artur Mas (3,2), José Mª Aznar (3,0), Angel Acebes (2,8) y Carod Rovira (2,3 puntos en la escala de 0 a 10 puntos). Si han disminuido de manera drástica los indicadores políticos y han continuado empeorando los económicos, y si tanto las instituciones políticas como los líderes han reducido significativamente sus evaluaciones este mes, parece lógico esperar que ello tenga consecuencias sobre las intenciones de voto. Dos consecuencias deben comentarse en primer lugar, el incremento de la abstención y el fuerte e inusual incremento del voto a otros partidos y del voto en blanco. En realidad los dos hechos pueden ser consecuencia de cierto hastío de los españoles respecto a la clase política y a los partidos políticos. Pero además cabe reseñar que la estimación de voto hacia el PP es casi igual mes tras mes, alrededor de un 28-29 por ciento del electorado, que es la misma proporción que votó a este partido en las elecciones de 2004, mientras que la estimación de voto al PSOE varía considerablemente de un mes a otro, generalmente relacionada con la mayor o menor abstención. Así, este mes la diferencia entre PSOE y PP se reduce a 2,5 puntos porcentuales (1,3 puntos porcentuales menos que en las elecciones de 2004), al mismo tiempo que la abstención aumenta en un punto por comparación con los resultados de las elecciones de 2004. La abstención/participación será la clave de las próximas elecciones.
Casi la mitad de los españoles piensa que el PSOE ganará las próximas elecciones por mayoría simple (no absoluta), y algo menos de un 10 por ciento adicional opina que las ganará por mayoría absoluta. Pero solo un 20 por ciento cree que las ganará el PP, incluyendo al 3 por ciento que opina que las ganará por mayoría absoluta. Pero cuando se pregunta a los entrevistados que expresen sus preferencias de pactos post-electorales en el supuesto de que ninguno de los dos partidos nacionales principales lograse una mayoría absoluta, las opiniones se encuentran repartidas en cuatro opciones con un peso prácticamente igual entre los que preferirían que el que gane pacte con partidos nacionalistas, que pacte con el otro partido nacional (PSOE o PP), que no pacte con nadie, y que no contesta. Las respuestas son prácticamente idénticas a las obtenidas con la misma pregunta en los sondeos ASEP de septiembre y noviembre, lo que sugiere que se trata de unas opiniones muy estables.
Evaluación de ciertas políticas
Se pidió a los entrevistados que indicaran el grado de urgencia que en su opinión deberían tener ciertas políticas. Todas las políticas son calificadas como urgentes por los entrevistados, de manera que la proporción de quienes consideran poco o nada urgente cualquiera de las diez políticas por las que se ha preguntado no llega al 20 por ciento en ningún caso, variando la proporción de quienes las consideran muy o algo urgentes entre el 90 por ciento y el 48 por ciento. El ranking de urgencia sería el siguiente: la intervención del Gobierno para frenar la escalada de los precios, impedir la actuación de grupos violentos en las calles sean cuales sean sus razones, impedir la llegada de más inmigrantes sin papeles, un acuerdo entre PSOE y PP para las cuestiones más importantes de Estado, una reducción del impuesto sobre la renta, garantizar la independencia de los Jueces del Tribunal Constitucional y de otros altos órganos de la Justicia, una ley que establezca para siempre las competencias del Gobierno de España y las de las Comunidades Autónomas, hacer que vuelvan todas las tropas españolas en zonas de conflicto armado, ilegalizar a los partidos ANV y PCTV, y una nueva Ley Electoral que deje de privilegiar a los partidos pequeños. Por otra parte, en esta primera fase de la pre-campaña electoral que se inició en septiembre PSOE y PP han comenzado a hacer toda clase de promesas electorales. Puede observarse que mientras el Gobierno del PSOE ofrece toda clase de subsidios y subvenciones el PP ha hecho una firme promesa de reducir drásticamente los impuestos para grandes sectores de la población. Por ello se ha pedido a los entrevistados que indicasen cual de estas dos políticas prefieren. Las opiniones parecen estar bastante divididas, puesto que un 40 por ciento prefiere que no se bajen los impuestos pero que sigan aumentando las subvenciones y subsidios diversos, pero un 49 por ciento prefieren la reducción del impuesto sobre la renta y que cada uno gaste el dinero que ahorra en las necesidades que cada uno tenga.
La Jubilación
La cuestión de la jubilación sigue siendo una asignatura pendiente para la sociedad española, pues mientras unos piden que se pre-jubile a los trabajadores a edades cada vez más tempranas otros piden que retrase la edad de la jubilación obligatoria y aún otros piden que la jubilación no sea nunca obligatoria por razones de edad sino por no cumplir ciertas exigencias intelectuales y físicas, y que fuera de esos casos la jubilación sea voluntaria y no por razones de edad. Una primera pregunta pidió a los entrevistados que manifestaran su acuerdo/desacuerdo con la frase: “Puesto que la edad de incorporación a la población activa se ha retrasado por lo menos 5 años, ¿en qué medida estaría Vd. de acuerdo en que la edad de jubilación obligatoria se retrase también 5 años?” El 20% se muestran totalmente o bastante de acuerdo con ese retraso, pero un 61 por ciento se muestran bastante o totalmente en desacuerdo. Este resultado muestra un rechazo muy mayoritario a un supuesto retraso en la edad de jubilación obligatoria. Pero casi la mitad de los entrevistados (41%) afirma estar bastante o totalmente en desacuerdo con que “las empresas puedan jubilar antes de la edad obligatoria a sus trabajadores” (frente a un 42% que se muestran totalmente o bastante de acuerdo con ese supuesto). Por el contrario, mientras un 72% está totalmente o bastante de acuerdo con que los trabajadores puedan decidir jubilarse antes de la edad obligatoria, solo un 10% afirman estar totalmente o bastante en desacuerdo con esa posibilidad. Por último, y en relación con los funcionarios públicos, se preguntó en qué medida estarían de acuerdo con que los funcionarios públicos que voluntariamente lo deseen, y siempre que estén en condiciones físicas y mentales para ello, puedan continuar en activo más allá de su edad de jubilación obligatoria, es decir, incluso más allá de los 70 años. Un 46% por ciento de los entrevistados dice estar totalmente o bastante de acuerdo con que los funcionarios públicos que cumplan esas condiciones puedan continuar trabajando después de los 70 años, y una proporción inferior (38%), afirman estar totalmente o bastante en desacuerdo. En resumen, la mayoría de los españoles está de acuerdo con que los trabajadores puedan jubilarse antes de la edad obligatoria, pero también con que los funcionarios públicos puedan continuar trabajando después de los 70 años, pero una gran mayoría se opone al retraso de 5 años en la edad de jubilación obligatoria, y la opinión pública se encuentra totalmente dividida por la mitad respecto a si las empresas pueden o no jubilar a sus trabajadores a edades inferiores a los 65 años.
Penas aplicables a diferentes Tipos de Delitos
En el sondeo de febrero de este año 2007 se preguntó, teniendo en cuenta que la pena máxima que contempla la recientemente modificada legislación penal española es de 40 años en la cárcel, si creían que había delitos que merecían penas mayores. Un 80 por ciento dijo que sí, que había delitos que merecían penas mayores de 40 años en la cárcel, y solo un 14 por ciento contestaba negativamente. Ahora, en diciembre, se ha vuelto a preguntar por esta cuestión, y el resultado es muy similar, un 84 por ciento de los entrevistados opina que hay crímenes que merecen penas mayores, frente a un 12 por ciento que no lo cree así. Y como en febrero, casi un 20 por ciento del total de entrevistados son partidarios de la pena de muerte para terroristas (19% ahora en diciembre, 18% en febrero) y pederastas (15% en ambas fechas), y proporciones inferiores al 10% pero superiores al 5% en ambas fechas son también partidarios de la pena de muerte para maltratadores, asaltantes a chalets y traficantes de droga que con sus actos causen la muerte de otros. Pero entre el 50 y el 59 por ciento de los entrevistados serían partidarios de cadena perpetua (hasta morir en la cárcel) para terroristas, pederastas y maltratadores que causen víctimas mortales (superiores en ambos casos a las de febrero), y entre el 36 y el 45 por ciento (también superiores a las de febrero) serían partidarios de esta cadena perpetua hasta morir en la cárcel para asaltantes a chalets y traficantes de droga que causen con sus actos víctimas mortales. En este sondeo de diciembre se ha añadido entre los delincuentes también a los conductores temerarios que causen muertes, con el resultado de que un 3 por ciento de los entrevistados sería partidario de aplicarles pena de muerte, y un 24 por ciento preferirían la cadena perpetua hasta morir en la cárcel. Por tanto, parece haber aumentado a lo largo de este año la proporción de quienes piden penas mayores, especialmente pena de muerte y cadena perpetua hasta morir en la cárcel, para los delitos mencionados.
Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en ciertas situaciones
En línea con lo anterior, se ha preguntado también por cómo debería ser la actuación de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado y orden público, es decir, la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Autonómica, y la Policía Municipal, en determinadas situaciones. Una mayoría relativa, entre el 43 y el 51 por ciento, son partidarios de que en situaciones como los “botellones”, el desalojo de “okupas”, la demolición de viviendas ilegales, las manifestaciones no autorizadas y los inmigrantes no documentados, las fuerzas de seguridad y orden público deberían actuar con una contundencia más o menos como ahora, pero más de un tercio en todos esos casos serían partidarios de que actuaran con más contundencia que ahora, y menos de un 12 por ciento en esos casos preferiría que actuasen con menos contundencia que ahora. Pero cuando se pregunta por la actuación de estas fuerzas en casos como los grupos violentos “anti-sistema”, los delincuentes comunes o las bandas juveniles, más de un 55 por ciento de los entrevistados opinan que deberían actuar con más contundencia que ahora, mientras que un tercio consideran que deberían actuar como ahora, y menos de un 5 por ciento creen que deberían actuar con menos contundencia.
Evaluación de algunas Actuaciones del Gobierno
Entre el 40 y el 45 por ciento de los entrevistados opinan que el Gobierno está haciendo más o menos lo necesario para que: “todos los niños españoles puedan cursar sus estudios en castellano vivan donde vivan”, que “en todos los edificios oficiales esté la bandera española tanto fuera como dentro del edificio”, que “todos los españoles tengan los mismos derechos y obligaciones”, y para que “exista un equilibrio razonable entre las necesidades de seguridad y la protección de las libertades individuales”. Pero, mientras alrededor de un 10 por ciento de entrevistados cree que el Gobierno está haciendo más de lo necesario en cada una de esas cuestiones, alrededor de un tercio opina que el Gobierno está haciendo menos de lo necesario.
